Con fecha límite para el cierre del padrón, muchos referentes aprovecharon para entregar a último momento afiliaciones nuevas. Y aquí se empezó a ensuciar la cosa

Estaban en condiciones de votar alrededor de 130 mil afiliados según la última depuración del padrón realizada hace dos años. Pero muchos dirigentes creyeron que si realizaban una afiliación masiva podrían torcer los resultados del próximo 25 de junio, día elegido por Gustavo Bordet para la renovación de autoridades del PJ.

El peronismo es un gran movimiento que suele ser utilizado por pseudo dirigentes para posicionarse y obtener alguna oportunidad de conseguir algún puesto en el Estado, por los servicios prestados. Por ello es que luego de una evaluación de la documentación recibida en la sede partidaria de 9 de Julio al 200 de Paraná, las actuales autoridades del PJ estarían evaluando realizar una denuncia por "falsificación y uso de documento Público reiterado" y anularían esas presentaciones "por incumpliendo a artículos varios de la Ley 23.298".

Las denominadas "afiliaciones truchas" provendrían en importantes cantidades de los circuitos de Tala, Villaguay, San José y Colón. En este último caso la gravedad sería de un mayor tenor porque además de fraguar las fichas de afiliación partidaria, habría otras ilegalidades que se están evaluando. El secretario del PJ entrerriano advirtió que "una situación similar ocurrió hace años y la cosa terminó con imputados, procesados e inhabilitados para ejercer cargos públicos".

El PJ en su página oficial aclara que "las fichas de afiliación deben estar acompañadas de una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (anverso y reverso) y certificadas por autoridad partidaria. Los certificadores autorizados serán aquellos nombrados por el órgano partidario y registrados ante la Justicia Electoral". Como nota aleatoria aparece el listado de dichas autoridades y en el caso del departamento Colón son Mariano Rebord y Guillermo Urribarri.

Según audios que se filtraron en ámbitos del peronismo vernáculo, y que estarían en poder de las autoridades del PJ, los DNI utilizados para completar la maniobra delictiva serían sacados de los listados de beneficiarios de planes sociales y a algunos les habrían entregado bolsones de mercadería de dudosa procedencia.